Los Derechos Humanos en la Unión Europea

Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son valores consagrados en el Tratado de la Unión Europea (UE) y en el Tratado sobre el funcionamiento de la UE. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE es una declaración clara y firme de los derechos de los ciudadanos de la UE.

Proteger los derechos humanos en la Unión Europea

Las Constituciones de cada uno de los Estados miembros de la UE garantizan los derechos fundamentales a escala nacional y la Carta de los Derechos Fundamentales (adoptada en 2000 y vinculante para los Estados Miembros de la UE desde 2009), a escala de la UE. Todas las instituciones de la UE —Comisión, Parlamento y Consejo— tienen un papel que desempeñar en la protección de los derechos humanos. La Carta:

• Establece los derechos fundamentales que son vinculantes para las instituciones y organismos de la UE;
• Es vinculante para los Estados Miembros cuando estén aplicando la normativa de la UE.

Los particulares que deseen interponer recursos deben dirigirse a los tribunales de su propio país. En última instancia, pueden dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Carta concuerda con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que ha sido ratificado por todos los Estados Miembros de la UE.

La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) determina y analiza las principales tendencias en este ámbito.

Promover los derechos humanos en todo el mundo

El Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia de 2012 se concibió con el objetivo de mejorar la eficacia y la coherencia de la política de derechos humanos de la UE. El Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia (2015-2020) establece una base común para un verdadero esfuerzo colectivo de los países miembros y de las instituciones de la UE. En 2012, Stavros Lambrinidis fue nombrado primer Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, con el cometido de aumentar la eficacia y la visibilidad de la política de derechos humanos de la UE en terceros países.

La UE está basada en un sólido compromiso para promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en todo el mundo. Los derechos humanos están en el centro de las relaciones de la UE con otros países y regiones. Promover los derechos humanos puede contribuir a prevenir y resolver conflictos y, a la larga, a reducir la pobreza.

La Unión Europea y los derechos humanos

Con su Política de Derechos Humanos, la UE:

• Promueve los derechos de las mujeres, los niños, las minorías y las personas desplazadas;
• Se opone a la pena de muerte, la tortura, la trata de seres humanos y la discriminación;
• Defiende los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;
• Defiende el carácter universal e indivisible de los derechos humanos, mediante una estrecha y activa colaboración con los países asociados, las organizaciones internacionales y regionales y grupos y asociaciones a todos los niveles de la sociedad.

Todos los acuerdos comerciales o de cooperación con países no miembros de la UE (actualmente más de 120) contienen una cláusula que estipula que los derechos humanos constituyen un elemento esencial de las relaciones con la UE. La UE ha impuesto sanciones por vulnerar los derechos humanos en varias ocasiones.

La UE también mantiene Diálogos sobre Derechos Humanos con más de 40 países y organizaciones internacionales, como Rusia, China o la Unión Africana. En el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, la UE evalúa sus actividades en este ámbito.

A través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la UE apoya a los grupos, asociaciones o particulares que defienden los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho.

En los artículos 1, 14, 31, 35 y 47, incluidos en los capítulos de «Dignidad», «Libertades», «Solidaridad» y «Justicia» de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se garantiza el derecho a la dignidad humana, la educación, unas condiciones de trabajo equitativas y justas, la asistencia sanitaria, a una tutela judicial efectiva y a un juicio justo.

Inmigrantes irregulares no expulsables.

En algunos casos, los Estados miembros no pueden expulsar a determinados inmigrantes irregulares por motivos jurídicos o prácticos. Sin embargo, a menudo, a estas personas no se les atribuye ningún estatuto jurídico formal, lo que puede dejarlas en una situación en la que no pueden acceder al empleo ni a servicios básicos durante años.
La evaluación y revisión futuras de la Directiva sobre el retorno en 2014 dan la oportunidad de adoptar enmiendas para garantizar que los derechos básicos de los que no sean expulsados, se respeten. Han de establecerse mecanismos, ya sea a escala de la UE o de los distintos Estados miembros, para asegurar a las personas que se enfrentan a una larga permanencia en un «limbo legal», un estatuto jurídico y, en consecuencia, de acceso a sus derechos.

Acceso a la educación.

Puede que los hijos de inmigrantes irregulares no puedan matricularse en la escuela pública de primaria por no tener los documentos oficiales requeridos, como un permiso de residencia válido, un certificado de nacimiento o un historial médico. Según el artículo 28 de la CDN, la enseñanza primaria gratuita deberá ponerse a disposición de todos los niños y niñas. 

Acceso a la asistencia sanitaria.

A menudo, los inmigrantes irregulares, que suelen carecer de permiso de trabajo, han de pagar por la atención médica que se da gratuitamente a los nacionales, incluidos los servicios de urgencia. Incluso los grupos especialmente vulnerables, como las mujeres embarazadas y los niños, puede que no tengan el derecho a un tratamiento gratuito prestado con arreglo a los mismos fundamentos que a los nacionales. En los casos en que los inmigrantes irregulares sí tienen derecho a un tratamiento gratuito según la legislación nacional, puede que aún tengan que cumplir requisitos administrativos que hacen difícil su acceso a la atención sanitaria en la práctica, como por ejemplo, tener que demostrar una residencia fija.

Prácticas de detección y comunicación.

Aunque los Estados miembros tienen el derecho a controlar quién entra y permanece en su territorio, también tienen la obligación de asegurar las normas de derechos humanos cuando apliquen las leyes de inmigración. En algunos Estados miembros, tales medidas de control incluyen la detención de inmigrantes irregulares en, o cerca de, hospitales y colegios. Del mismo modo, en algunos Estados miembros, determinados órganos públicos, como los tribunales de justicia, y los servicios de salud y educación, por obligación o costumbre, informan de la presencia de inmigrantes irregulares a las autoridades migratorias cuando aquéllos tratan de usar sus servicios. Estas prácticas de detección e información, reales o percibidas, pueden impedir que los inmigrantes irregulares accedan a sus derechos básicos por miedo a la deportación.

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